El campeón olímpico presentó un proyecto de Ley para garantizar el acceso a la tarifa social a las entidades de barrio y de pueblo.
Ante los reiterados aumentos en los servicios públicos que ponen en riesgo la situación de miles de clubes de barrio de toda la provincia, el senador Juan Esteban Curuchet presentó un proyecto de Ley para garantizar el acceso a la tarifa social por parte de los clubes de barrio y de pueblo, tendiente a flexibilizar los requisitos necesarios al momento de acceder al beneficio y permitir así su normal funcionamiento.
Como presidente de la Comisión de Deportes, Curuchet viene trabajando con su equipo, atento a favorecer, mediante políticas públicas, a los clubes y asociaciones civiles, instituciones claves en el entramado social, deportivo y comunitario de toda la provincia. “Los clubes de barrio son un espacio de contención social que permite sacar a los chicos de la calle, donde se inculcan los valores del deporte”, destacó el campeón olímpico. El senador por el Frente Renovador afirmó: “los que conocemos la realidad de los clubes, vemos que viven del día a día, con pequeños aportes de sus socios y hacen un sacrificio enorme para mantener sus puertas abiertas, por eso es fundamental garantizar el acceso a tarifas diferenciadas”.
El proyecto contempla que aquellas instituciones que cuenten con personería jurídica vigente, entre 50 y 2000 socios con cuota al día, domicilio legal en la Provincia y una antigüedad mínima de 3 años pueden acceder a las tarifas diferenciadas, sin ser necesario ningún otro requisito. “Actualmente nos encontramos frente a la cruda realidad del riesgo de desaparición de muchas instituciones, debido al aumento desmedido y desproporcionado por parte del gobierno de las tarifas de los servicios públicos, que sin contemplar las variables sociales pasó por alto la directa relación que estas tienen con la supervivencia de los clubes barriales”, afirmó Curuchet.
“En este escenario, el acceso a una tarifa social que los cobije al momento de afrontar sus obligaciones con respecto al pago de los servicios públicos resulta un instrumento fundamental y es el estado quien tiene que promover dichas herramientas”, concluyó el legislador.